Un juzgado de lo penal en Madrid condenó a dos de los responsables de una red de distribución de contenido audiovisual ilícito. La sentencia impone dos años de prisión y una multa de 500.000 euros por un delito contra la propiedad intelectual cometido de forma continuada. La red operaba con una infraestructura de servidores para difundir partidos de Primera y Segunda División sin licencias comerciales.
LaLiga informó que la red captaba la señal de operadoras autorizadas y la distribuía mediante IPTV a través de páginas web y apps móviles. Más de 20.000 usuarios activos abonaban cuotas mensuales reducidas para acceder al contenido ilícito. El tribunal consideró probado el ánimo de lucro y la ausencia de licencias correspondientes.
La resolución señala un perjuicio económico superior a 1,2 millones de euros, basado en el valor de mercado de suscripciones oficiales no devengadas durante la actividad de la red. También se decidió que los acusados indemnizarán a los titulares de los derechos por lucro cesante.
La Fiscalía había endurecido las penas, equiparando la piratería audiovisual con delitos de organización criminal cuando existen estructuras complejas de blanqueo de capitales derivadas de estas actividades. Se rechazó además el argumento de la copia privada cuando hay fines comerciales, como publicidad o suscripciones.
La sentencia forma parte de una batería de acciones de LaLiga para frenar la piratería. La patronal ha impulsado medidas penales contra los administradores y el despliegue de bloqueos tecnológicos para impedir la difusión de contenidos ilícitos en tiempo real.
Contexto y medidas tecnológicas
Movistar Plus+ y LaLiga ya obtuvieron una sentencia que habilita el bloqueo dinámico, permitiendo a ISPs clausurar dominios y direcciones IP en menos de tres horas. Operadoras como Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil han aplicado cierres semanales de infraestructuras digitales, con más de 1.000 dominios vinculados a la retransmisión ilegal bloqueados en la última temporada.
La presión se extiende a proveedores de infraestructura digital y a plataformas de mensajería y redes sociales, que albergan canales y contenidos infractores. El objetivo es dificultar la propagación de enlaces y listas de reproducción que facilitan la piratería, tanto a nivel técnico como operario.
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